DEFENSA DEL EX PRESIDENTE MARTINELLI INTERPONE ANTE CSJ AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

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Defensa del ex presidente Martinelli interpone ante CSJ amparo de garantías constitucionales

 

El abogado Carlos Carrillo, miembro del equipo de defensa el ex presidente Ricardo Martinelli, presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo de garantía constitucionales en contra de la orden de hacer contenida en la Resolución del 1 de julio de 2015 notificada mediante Resolución fechada 10 de marzo de 2016, emitida por el magistrado fiscal Oyden Ortega, mediante la cual se realiza un peritaje contable en contra del ex gobernante y contra cualquier persona jurídica de las cuales forme parte, relacionadas con la empresa Lerkshore International Limited.

 

 

En el recurso, Carrillo pidió la revocatoria de la citada resolución del magistrado Ortega, al considerar que dicha decisión viola las garantías fundamentales del ex presidente Martinelli, ya que se estaría ordenando realizar una experticia contable a sus cuentas bancarias sin cumplir los presupuesto legales contenidos en la ley y que han sido desarrollado por la jurisprudencia de la propia CSJ como principio del debido proceso, “por Io que consideramos se han violado los derechos fundamentales que le asisten a nuestro representado a enfrentar un proceso judicial con garantías del debido proceso en el que se garantice igualdad procesal, derecho de legítima defensa y de legalidad procesal”.

 

 

En la acción legal, se advierte que la resolución demandada vulnera el artículo 29 de la Constitución que consagra la garantía a la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados. “La diligencia ordenada por el Magistrado Fiscal implica el temor fundado de atentar con la inviolabilidad de la información bancaria de nuestro representado, pues ha sido emitida por un funcionario de instrucción quien no goza de la competencia para realizar dicha diligencia sin autorización judicial previa, además que su motivación no específica su objeto, cuyos fines deben ser determinables y específicos, provocando que la información recaba sea utilizada para propósitos fuera del objeto del presente proceso, al no haberse cumplido con la garantía del debido proceso y tener la autorización judicial”, indica.

 

 

 

Señala el documento que el magistrado fiscal, al ordenar obtener los movimientos bancarios y la realización de los análisis financieros que se hayan podido realizar por una persona natural, como suscriptor, como agente residente, como representante legal, director, dignatario de personas jurídicas de las cuales forme parte el ex presidente, materializa un acto sin tener competencia. Toda vez que no cumplió con el procedimiento de solicitar la autorización judicial, por tratarse de la revisión financiera de información bancaria calificada como privada, menoscabando no solo las garantías y derechos que le asisten a nuestro representado, sino también la terceras personas naturales y jurídicas que tienen riesgo que su información privilegiada sea sometida a un análisis financiero que escapa del objeto de las presentes investigaciones.

 

 

 

“Consideramos plenamente acreditados los presupuestos procesales para la admisibilidad del presente Amparo de Garantías Constitucionales, en virtud de la gravedad e inminencia del daño que representa la orden atacada ante vuestro despacho, ya que la misma está causando a nuestro representado grave y evidente perjuicio, que requieren de una revocación inmediata de dicha orden”, argumenta el abogado Carrillo en el recurso presentado, en el cual recoge, entre otras cosas, tanto jurisprudencia que ya ha vertido la propia CSJ sobre materia similar, así como las inconsistencias en decisiones asumidas por los magistrados de la máxima corporación de justicia en medio del proceso contra el ex presiente, que no ha escapado a irregularidades que chocan con los principios de las normas que, se supone, deben regir el Estado de Derecho en Panamá.