MAGISTRADOS MEJÍA Y ORTEGA NO DEBEN CONOCER AMPARO CONTRA DECISIÓN QUE DEJA EN INDEFENSIÓN A MARTINELLI, AFIRMA DEFENSA DEL EX PRESIDENTE

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Magistrados Mejía y Ortega no deben conocer amparo contra decisión que deja en indefensión a Martinelli, afirma defensa del ex presidente

 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jerónimo Mejía y Oydén Ortega, quienes actúan como juez de garantía y magistrado fiscal, respectivamente, deben ser declarados impedidos para resolver el amparado de garantías constitucionales interpuesto a favor del ex presidente Ricardo Martinelli contra la decisión del magistrado Mejía en el acto de audiencia del pasado 8 de marzo de 2016, que deja en estado de indefensión al ex mandatario.

Este es el planteamiento del abogado Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo de defensa del ex presidente Martinelli, quien advirtió que permitir a los magistrados Mejía y Ortega conocer del citado amparo de garantías constitucionales sería una aberración jurídica que ya prohíben las leyes panameñas y que se sumaría a la serie de irregularidades y entuertos jurídicos que han cometido las autoridades contra el ex gobernante en el caso de las comidas deshidratadas.

“Ni Mejía y Ortega pueden ser juez y parte. Eso está prohibido y como magistrados son los primeros llamados a respetar las leyes que rigen en nuestro país, y que hemos advertido, se han vulnerado flagrantemente en el caso de nuestro representado. Entendemos que el magistrado Ortega presentó su solicitud para que lo declaren impedido. El magistrado Mejía debe hacer lo propio, y ambas solicitudes deben acogerse”, sostuvo el jurista.

El abogado explicó que en su momento, se solicitó audiencia al magistrado Mejía para que, como juez de garantía, evaluara las actuaciones del magistrado fiscal Ortega que, de acuerdo al equipo de defensa del ex presidente, no solo violaban normas nacionales e internacionales en detrimento del ex mandatario, sino que, además, se convertían en una clara contradicción a jurisprudencias ya establecidas por la propia CSJ. La decisión adoptada por el magistrado Mejía en dicha audiencia motivó la presentación del amparo de garantías constitucionales el pasado 12 de mayo.

“Se buscaba dejar claro (en la audiencia) que el magistrado fiscal (Ortega) había solicitado indebidamente información bancaria sin límite que debían ser establecidas por parte de la Corte, por ser protegidas por la Ley bancaria y porque esa información tiene la misma categoría que las correspondencias personales, protegidas también por el artículo 29 de la Constitución y el artículo 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos”, recordó Camacho González.

Agregó que en dicha audiencia, el magistrado Mejía “se zafó del tema para no resolver lo que debió haber resuelto”, y planteó que el magistrado Ortega no era autoridad judicial, por lo que, según el magistrado Mejía, no era posible que sus diligencias se anularan vía el artículo 199 del Código Procesal Penal (CPP), invocado como sustento por parte de la defensa del ex presidente para solicitar la nulidad de lo actuado por el magistrado Ortega.

“La decisión del magistrado Mejía en dicha audiencia deja en indefensión al ex presidente Martinelli. Si no puedes anular una actuación que violenta las garantías constitucionales de una persona, ésta queda totalmente en indefensión y se crea un súper funcionario cuyas actuaciones ilegales no pueden ser anuladas”, remarcó el abogado Camacho González.

En el amparo de garantías constitucionales –que entre otras cosas sustenta los artículos y normas legales vulnerados, así como la jurisprudencia emanada de la propia CSJ sobre materias similares- el equipo de defensa solicita a los magistrados de la máxima corporación de justicia “se sirvan revocar” la orden de no hacer impartida en el acto de audiencia oral del 8 de marzo, referente a la imposibilidad de que sean declaradas nulas las diligencias que se practiquen por las agencias de instrucción del Ministerio Público o el magistrado fiscal, conforme al artículo 199 del CPP, “por tratarse de una decisión que violenta las garantías fundamentales y derechos humanos” del ex presidente Martinelli.