PIDEN SEPARACIÓN DEL MAGISTRADO DÍAZ COMO JUEZ DE GARANTÍAS EN EL CASO DEL EX PRESIDENTE MARTINELLI

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Piden separación del magistrado Díaz como juez de garantías en el caso del ex presidente Martinelli

Una solicitud para que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Harry Díaz, sea separado del cargo de juez de garantías en el caso que le siguen al ex presidente Ricardo Martinelli, relacionado a Cobranzas del Istmo, fue presentada por el abogado Leonardo Paul Aparicio en representación del ex gobernante, alegando “falta de imparcialidad demostrada por el funcionario (Díaz)” a lo largo de la tramitación de la mencionada causa penal.

La solicitud del abogado Aparicio recoge las inconsistencias y la vulneración de leyes cometidas durante el proceso, lo mismo que las actuaciones y falta de transparencia del propio magistrado Díaz que a todas luces le generan un fuerte impedimento legal para ejecutar un rol delicado como el de juez de garantías; eso sin mencionar que sus opiniones como magistrado, exteriorizadas en su momento en los medios de comunicación, transgreden las normas jurídicas de la misma forma en que lo hace el hecho de que éste haya asumido funciones tanto como juez de garantías como fiscal en dos casos distintos, pero contra una misma persona, el ex presidente Martinelli, a quien se ha referido en los medios con “calificativos” y bajo “una conducta poco objetiva y hostil”.

“ Cómo puede garantizarse la imparcialidad del juez de garantías Harry Díaz, cuando se desdobla en el ejercicio de roles que resultan totalmente antagónicos, por una parte, un fiscal con un ánimo desmedido (en nuestra opinión), de ver detenido a Ricardo Alberto Martinelli y por el otro, un juez de garantías que debe velar por el respeto de las garantías fundamentales de todas aquellas personas que por efectos de la investigación pudiesen sufrir algún tipo de afectación de sus derechos”, cuestionó Aparicio en su solicitud.  

El jurista insistió en que la duplicidad de roles y la conducta desplegada por el magistrado Harry Díaz, vulnera abiertamente la garantía judicial contenida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, respecto del derecho del procesado a ser oído por un juez o tribunal, independiente e imparcial dentro de un plazo razonable y con las debidas garantías. “Bien lo ha señalado tanto la doctrina, como la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al indicar que el artículo 8.1 debe siempre interpretarse de manera amplia, entendiéndose la figura del juez natural en cuanto a la participación de aquellos funcionarios que tienen la misión de cumplir la función jurisdiccional a lo largo de las diversas fases del proceso”, agrega.

Con la solicitud, Aparicio aportó una serie de pruebas que sustentan que el magistrado Díaz, a lo largo de su gestión tanto como Fiscal, así como cumpliendo funciones de juez de garantías ha externado una serie de señalamientos públicos “que dejan en clara evidencia su falta de imparcialidad” como magistrado de garantías, cargo que tiene la elevada función de “pronunciarse sobre el control de los actos de investigación que afecten o restrinjan derechos fundamentales del imputado o de la víctima….”, tal y como lo establece el artículo 44, ley 63 de 2008.

Otro hecho importante, es que al haber intervenido como magistrado de la CSJ, en el Pleno que analizó la admisión de la investigación relacionada con la empresa Cobranzas del Istmo, tuvo necesariamente que haber accedido a la documentación que obra a folios 484-485 consistente en el “Informe del Equipo Evaluador de Gestores de Cobros de la Dirección General de Ingresos (DGI)”, calendado 11 de mayo de 2010, informe que incidió en la contratación que realizó el Estado panameño, por intermedio de la DGI a la empresa Cobranzas del Istmo, mismo que fue rubricado por Harry Díaz, hoy Magistrado de la CSJ.

“Como indicamos en líneas anteriores, al momento de discutirse la admisión del conocimiento la presente causa penal, el magistrado Díaz debió comunicar al resto de los magistrados que conformaban el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que había tenido participación en gestiones relacionadas con la contratación de la empresa Cobranzas del Istmo, por parte del Estado panameño, en su calidad de funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, a objeto de que no se le designase para que adelantara una función tan delicada, como la de juez de garantías, no obstante guarda silencio”, apuntó Aparicio, quien insiste que el magistrado Díaz debe ser separado del conocimiento del caso, pero “por razones diametralmente distintas” a la que ahora éste ha planteado en la solicitud que elevó al pleno de la CSJ.